Si está buscando trabajo, no lo busque en el Estado. Recientes reformas legales y el entorno político hacen que resulte indeseable trabajar en el sector público.
En junio del año en curso, el presidente Juan Manuel Santos estampó su firma en el nuevo Estatuto Anticorrupción y declaró que el Estado cuenta ahora sí con herramientas para prevenir y combatir los males que históricamente han afectado la moral de la administración pública.
Uno de los mayores avances –según el Gobierno- fue el establecimiento de inhabilidades para ponerle una tranca a la llamada “puerta giratoria” que, según han dicho, permite que altos funcionarios del gobierno vayan a altos cargos en empresas que supuestamente se beneficiaron con las políticas que ellos aplicaron.
En realidad no se trata de ninguna medida innovadora. Antes del Estatuto Anticorrupción, el Código Disciplinario Único establecía que estaba prohibido para los funcionarios prestar, a título particular, servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con las funciones propias del cargo, hasta por un término de un año después de la dejación del cargo. Lo único que hace la nueva regulación en esta materia es extender el plazo por un año más.
¿Es buena o mala la inhabilidad que trae el Estatuto Anticorrupción para los exfuncionarios que pasan al sector privado?
El debate de la puerta giratoria no es menor y está lleno de argumentos a favor y en contra. Evidentemente es indispensable impedir los favorecimientos de los funcionarios al sector privado a cambio de futuras dádivas. Eso es corrupción y debe castigarse.
Al mismo tiempo, sin embargo, hay que considerar que el tiempo que debe esperar un funcionario desde que renuncia a su cargo para rehacer su vida en el sector privado puede hacer que los mejores profesionales no quieran trabajar para el Estado o que los que ya están abandonen el servicio público.
En otros países existen inhabilidades similares a las que trae el Estatuto Anticorrupción –incluso por plazos más largos-, pero los altos funcionarios –que es a quienes se estigmatiza con la llamada “puerta giratoria”- si bien no pueden trabajar durante ese tiempo en asuntos relacionados con las funciones que estuvieron a su cargo, reciben un estipendio estatal mientras dura la inhabilidad.
El esquema anterior es coherente y balanceado: impide usar las influencias durante un tiempo, pero permite la subsistencia del exfuncionario a la vez que se desincentiva la corrupción.
Entretanto en Colombia alargamos la inhabilidad. ¿Será que los que hicieron la norma creen que en Colombia un funcionario promedio logra ahorrar suficiente para mantenerse sin trabajar dos años? ¿No se dan cuenta de que la medida lo que puede es fomentar corrupción?
Nunca como ahora se necesitan personas calificadas y honestas trabajando por el país. Pero si a la inhabilidad se combinan los bajos sueldos oficiales y la estigmatización por cuenta de los escándalos de corrupción que exterioriza y magnifica el gobierno cada semana ¿quién quiere ser funcionario?
La medida del Estatuto Anticorrupción, quien lo creyera, puede llevar a que el servicio público se llene de los peores profesionales –aquellos que no tienen oportunidades en el sector privado-, y generar un desmejoramiento de nuestras instituciones. Los que no consiguen trabajo en el sector privado terminarán en el público y a esos no les importa la inhabilidad, pues nunca tendrán oportunidades en el sector privado. ¡Caviar para los políticos y sus recomendados!
El servicio público en EE UU es uno de los mejores del mundo. Ese país ha conseguido que una buena cantidad de profesionales de las mejores universidades entre a trabajar a entidades oficiales. En el caso de los abogados, por ejemplo, los estudiantes están dispuestos a ir a trabajar al sector público por un par de años por sueldos que pueden ser cinco veces menores que lo que ganarían en el sector privado.
Estas personas apuestan a que tendrán un gran crecimiento profesional y prestigio por su servicio público, de manera que podrán dar el salto más tarde al sector privado y recuperar con creces lo que perdieron durante sus años en el Estado.
El sistema es virtuoso, porque el Estado se hace a un buen número de los mejores profesionales. Esos profesionales consiguen un entrenamiento sobresaliente. Luego esas personas pasan al sector privado, sin problemas. Todo el mundo gana y nadie estigmatiza ni condena lo que ocurre, pues es bueno para todos.
En Colombia, nuestro servicio público no se caracteriza por estar lleno de profesionales de primera línea. Esos profesionales no tienen ningún beneficio una vez cesen sus funciones públicas. Cuando den el paso al sector privado deberán soportar el desempleo, pues así lo ordena el Estatuto Anticorrupción. ¿Qué profesional joven está dispuesto a eso?
¿Qué hacer? Una fórmula es aumentar los salarios de los empleados públicos, para que sea atractivo entrar al servicio público. Otra fórmula es pagarles sueldos a los funcionarios que salen del servicio público mientras persista la inhabilidad. Pero, siendo prácticos, lo más coherente es pensar que los funcionarios no tienen propensión a la corrupción –como parte del supuesto el nuevo estatuto- y dejar que los mejores talentos presten un servicio público en lugar de generar normas que los desincentiven. El ejemplo de EE UU es elocuente.
Andrés Flórez Villegas
Socio de Esguerra Barrera Arriaga Asesores Jurídicos
aflorez@esguerrabarrera.com
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